El Mercurio | Abril 2021 | ver noticia original
Se podría pensar que ante la desaceleración y paralización de la economía como la que estamos pasando, por estallido social y pandemia, ocurriría un aumento evidente y significativo en las solicitudes de liquidaciones (quiebras) concursales, que dispone la ley 20.720. Esto no ha sido así, según lo reflejado en los informes mensuales de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).
Gran parte de las empresas que paralizan sus operaciones optan por no someterse a un procedimiento concursal de liquidación, ya sea porque saldan todo lo pendiente o bien “cierran sus puertas”, dejando obligaciones pendientes de pago y haciendo frente a las acciones de cobro según sus posibilidades, sin pasar por un procedimiento concursal que puede ser engorroso y caro.
Fuera de estos motivos, hay otros por los que el aumento en las solicitudes de liquidaciones concursales ha sido poco significativo. El Gobierno dispuso cierta ayuda para las personas y empresas. Una, de índole tributario, fue la posibilidad de postergar el IVA algunos meses de 2020 y bajar el Pago Provisional Mensual (PPM). También permitió que los trabajadores cuyas empresas tuvieron que cerrar sus puertas pudieran acogerse a la Ley de Protección al Empleo, obteniendo ingresos desde la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Y se autorizó en diversas oportunidades el retiro del 10% de los fondos de pensiones, además del acceso al Crédito COVID con garantía Estatal, entre otros.
Pero la postergación del pago del IVA no es un perdonazo, sino que solo atrasa su pago. Algo similar ocurre con el abono que por ley hacen las empresas, conocido como PPM, con el fin de que en abril del año siguiente haya una buena parte de los impuestos por pagar ya cubierta. El abono que realizaron los contribuyentes, para la declaración de renta de abril 2021, fue menor, lo que repercutirá en los bolsillos de los contribuyentes. Por otro lado, el crédito con garantía estatal dio solo seis meses de gracia. En febrero y marzo se tenían que pagar las primeras cuotas, lo que para muchos ha sido imposible.
Se ha notado, igualmente, importantes dificultades a la hora de reemprender. Cuando un negocio o empresa cierra por deudas, socios o emprendedor deben plantearse qué hacer después. Está la alternativa de emplearse o la de reemprender, con un negocio de distinto rubro o bien del mismo giro bajo otra razón social. En la práctica, el verdadero valor de muchas pymes está en el conocimiento especializado, experiencia, cartera de clientes. Es un valor intangible e inembargable, que permite volver a levantarse. Sin embargo, la economía está a media marcha, con muchos rubros paralizados completamente. Ante la incertidumbre de la pandemia, el aforo permitido y las restricciones impuestas por la autoridad, hay pocas posibilidades concretas de reemprender, salir adelante, reprogramar las deudas, arrendar un local comercial, etc.
Las restricciones al desplazamiento han influido asimismo en el escaso aumento de las estadísticas. Los procedimientos son complejos. Para acogerse a la Ley 20.720, un empresario requiere de asesoría especializada, debe abordar la relación con los trabajadores, ordenar su contabilidad y disponer de múltiples antecedentes, como confirmar activos, entregar libros contables de la empresa a abogado y liquidador, etc. Suele ser difícil avanzar en todo esto desde la casa, sin desplazarse.
Así, miles de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas están viviendo una insolvencia silenciosa, que no figura en las estadísticas de la Superir. Basta circular por las calles de las ciudades de Chile para observar cientos de locales desocupados, en arriendo o venta. Es de esperar que, post pandemia, continúe la ayuda del Gobierno, en especial hacia las pymes, que generan más del 70% de los puestos de trabajo en el país.
