Entrevista Ana Velásquez: Dictamen de la DT respecto a la Ley Karin
Un reciente dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) ha encendido el debate en el ámbito laboral, al aclarar un punto crucial de la Ley Karin, diseñada para combatir el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. La DT ha establecido que, para que se inicie una investigación formal sobre estas conductas, es indispensable la denuncia de la persona afectada. Esto significa que los empleadores no tienen la facultad de iniciar estas indagaciones de oficio, es decir, por su propia iniciativa y sin que medie una queja formal del trabajador.
Este pronunciamiento genera un claro conflicto de interpretaciones y posibles consecuencias prácticas. Al respecto Diario Financiero conversó con Ana Velásquez, socia de Eguiguren Abogados, quien interpreta esta medida como un mecanismo de protección para los trabajadores. En sus palabras, "el empleador podría tener un interés perverso de iniciar investigaciones a su sola discreción contra cualquiera, sin motivos plausibles". De esta forma, la exigencia de una denuncia formal actuaría como un filtro, impidiendo que las empresas usen las investigaciones como una herramienta arbitraria o para fines indebidos.
Sin embargo, Velásquez también advierte sobre los posibles inconvenientes y riesgos que esta directriz podría generar en la práctica. La abogada señala una preocupación fundamental: "Si la persona afectada tiene miedo a denunciar por posibles represalias o a perder su trabajo, no se podría investigar, provocando abuso e indefensión". Este es el corazón del conflicto: si bien se busca proteger al trabajador de investigaciones arbitrarias, la misma regla podría dejar desprotegidos a quienes, por temor legítimo, no se atreven a formalizar una denuncia, perpetuando así situaciones de acoso o violencia.
A pesar de esta limitación en el inicio de investigaciones de oficio, el dictamen de la DT es enfático en recordar un deber ineludible de los empleadores: la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Esto implica que, aunque no puedan iniciar una investigación sin denuncia, las empresas deben implementar acciones preventivas y correctivas generales para garantizar un ambiente laboral seguro y libre de estas conductas, incluso si no hay un procedimiento formal de investigación en curso. Puedes revisar la nota aquí o en el archivo adjunto