¿Qué es la liquidación de una empresa en Chile?

En Chile, los términos quiebra y liquidación de empresa se usan indistintamente, pero desde la entrada en vigencia de la Ley 20.720, el nombre oficial es procedimiento concursal de liquidación. Consiste en un proceso judicial tramitado ante los tribunales civiles, en el que los dueños o representante legal de una empresa entregan su administración a un liquidador (antes llamado síndico), cuya misión principal es rematar los bienes de la empresa para pagar a los acreedores según el orden de preferencia que establece la ley.

¿Quién puede solicitar la liquidación y cómo puedo iniciarla?

Existen dos formas de iniciar una liquidación concursal:

Liquidación Voluntaria: La decisión proviene de los propios dueños de la empresa, quienes presentan la solicitud ante el tribunal competente, cumpliendo con todos los requisitos que exige la Ley 20.720.

Liquidación Forzosa: La solicita un acreedor que no ha recibido el pago de lo que se le debe. Si la empresa no se defiende o su defensa no prospera, el tribunal declara la liquidación.

Si un cliente me debe facturas, ¿puedo solicitarle la quiebra a la empresa que no me ha pagado?

Sí, pero deben cumplirse ciertos requisitos legales. El artículo 117 de la Ley 20.720 establece las condiciones para que proceda una liquidación forzosa. Además, es importante que la empresa deudora esté en una situación de insolvencia al menos aparente, también que el monto sea relevante, considerando que para pedir la Liquidación forzada se requiere consignar 100 UF a la cuenta del tribunal.

¿Qué se necesita para declarar la quiebra voluntaria?

Para iniciar una liquidación voluntaria se deben presentar, entre otros documentos:

• Nómina de bienes y trabajadores

• Cartolas bancarias

• Listado de juicios pendientes

• Carpeta tributaria

• Certificados de deuda

• Último balance

• Estatutos sociales

• e-RUT

• Declaraciones juradas

Es fundamental que la solicitud esté completa y que permita acreditar la insolvencia irremediable y la situación económica real de la empresa. Un error u omisión puede retrasar significativamente el procedimiento.

¿Qué ocurre si vendí bienes de la empresa antes de la liquidación?

Es habitual que una empresa con dificultades económicas intente vender activos —vehículos, inmuebles u otros bienes— para obtener liquidez y superar la crisis. Esto está permitido, pero dentro del período sospechoso (los dos años anteriores a la dictación de la resolución de liquidación), el liquidador puede revisar y eventualmente impugnar esas operaciones.

Para evitar problemas, es indispensable que exista trazabilidad clara: a quién se vendió, cuánto se recibió y en qué se utilizaron esos fondos. Las enajenaciones realizadas de buena fe y sin el propósito de perjudicar a los acreedores no deben generar inconvenientes, incidentes de mala fe, acciones penales y acciones revocatorias.

¿Cuánto dura un proceso de liquidación de empresa en Chile?

El procedimiento comienza con la resolución de liquidación (sentencia de quiebra), momento en el que el liquidador designado asume la representación legal de la empresa. Desde entonces, su tarea principal es enajenar los bienes y pagar a los acreedores conforme al orden de preferencia legal.

Según nuestra experiencia, un proceso de liquidación no dura menos de dos años. Si la empresa tiene un patrimonio complejo o de gran tamaño, el procedimiento puede extenderse considerablemente más.

¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué deben hacer los acreedores?

Una vez declarada la liquidación, cesa la cobranza individual de cada acreedor. Todos deben hacer valer su crédito dentro del procedimiento concursal mediante un escrito de verificación de crédito, respetando los plazos ordinario y extraordinario.

El momento y la forma de verificar dependen del tipo de crédito, su preferencia y los beneficios a los que el acreedor desee acogerse. Por ejemplo, los acreedores con facturas afectas a IVA deben verificar durante el período ordinario para poder recuperar el IVA de las facturas emitidas y no pagadas.

¿Los dueños responden con su patrimonio personal si quiebra su empresa?

Por regla general, los socios, dueños o gerentes no responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa. Sin embargo, existen excepciones importantes:

• Aval o fiador: Es frecuente que los bancos y acreedores financieros exijan que el dueño se constituya como garantía personal de las deudas.

• Cheques protestados: Si se giró un cheque para pagar una deuda y este fue protestado por falta de fondos, cierre de cuenta u orden de no pago, el firmante puede ser perseguido personalmente.

• Delitos concursales o económicos: Si antes o durante la liquidación se cometen ilícitos que perjudiquen a los acreedores, las consecuencias pueden afectar directamente a las personas naturales involucradas.

¿Se puede crear una nueva empresa después de la quiebra?

Sí. En Chile es posible constituir una nueva empresa antes o después de que la anterior haya entrado en liquidación, ya que el patrimonio personal de los socios y dueños no se mezcla con el de la empresa, salvo en los casos de excepción mencionados anteriormente.

No obstante, es importante tener en cuenta que pueden surgir problemas prácticos y administrativos, como confusiones entre la nueva sociedad y la que está en liquidación, especialmente si comparten nombre, giro o socios.

¿Cómo evitar la quiebra? Alternativas a la liquidación

El factor más determinante para evitar una liquidación es actuar a tiempo. Algunas medidas preventivas incluyen:

• Elaborar una proyección de flujo de caja

• Identificar activos inmovilizados que puedan liquidarse

• Revisar la estructura de costos y la fuerza laboral

• Distinguir los gastos esenciales de los prescindibles

• Renegociar individualmente con cada acreedor (considerando que esto puede aumentar la deuda total)

Reorganización Judicial

La alternativa formal más relevante es la reorganización judicial, contemplada en la Ley 20.720. Se trata de un procedimiento colectivo en el que se presenta a todos los acreedores un plan de pago unificado, que debe ser aprobado por la mayoría que establece la ley. El objetivo es que la empresa continúe operando y pague sus obligaciones bajo un nuevo esquema acordado con sus acreedores.